Los
pasados 10 y 11 de octubre se llevaron a cabo diversas mesas redondas que bajo
el títuloComunicación y
democracia en el entorno digital: la agenda de la sociedad ante el nuevo
gobierno,
organizaron El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ceiich–UNAM) y la
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). Imposibilitados, en
este pequeño espacio, de dar cuenta de todos los importantes abordajes vertidos
por los participantes en las siete mesas, me referiré a una en particular que
desde nuestro punto de vista recoge –en gran medida– el telos de esta actividad
ciudadana y académica. La mesa: Una ley para la libertad de expresión, la diversidad de medios
y la convergencia digital; en donde una vez
más, el centro de la discusión lo constituyó el derecho a la información, que
desde hace 35 años adquirió en nuestro país rango constitucional. Sin embargo,
a pesar de que durante todo este tiempo hemos sido testigos de la sucesión de
diversas e infructuosas iniciativas para actualizar el régimen legal de los
medios de comunicación, continuamos sin una legislación capaz de reglamentarlo
de manera integral, reconociendo el desarrollo tecnológico y orientándolo en
beneficio de la sociedad.
La
mesa referida, tuvo dos momentos. En el primero, Beatriz Solís coordinadora de
Asuntos Académicos de la Amedi, retomando elementos de la iniciativa de Ley
Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, presentada en ambas
cámaras del Congreso el 8 de abril de 2010, propuso 18 puntos mínimos que de
manera necesaria debe contener la normativa en cuestión. Entre ellos, la
necesidad de proteger la libertad de expresión y fomentar la competencia,
abriendo oportunidades a nuevos operadores. Asimismo, concebir a la
radiodifusión y a las telecomunicaciones como servicio público que el Estado
debe proteger y vigilar –en tanto rector de los intereses nacionales–
considerando la creación de un órgano regulador con independencia. Promover la
participación social y fomentar la transparencia en la administración del
espectro radioeléctrico creando el Registro Público de Telecomunicaciones y el
Registro de Usuarios a fin hacer pública toda la información que en este sector
se genere. Una ley que además, obligue la retransmisión de señales abiertas de
televisión en sistemas restringidos (Must Carriery Must Offer), imponiendo
límites a la concentración. Asimismo, estimule la producción nacional y
establezca derechos de los usuarios, (entre ellos el de réplica), considerando
a los contenidos mediáticos como el instrumento necesario para el ejercicio de
la libertad de expresión y el derecho a la información y asuma la
responsabilidad de proteger a la niñez de los contenidos; lo que incluye
regular la publicidad.
En
el segundo momento, legisladores asistentes encabezados por el senador Javier
Corral y la diputada Purificación Carpinteyro, señalaron que la iniciativa del
8 de abril de 2012, continúa vigente, pues el artículo 219 del Reglamento del
Senado de la República, así lo permite. Javier Corral afirmó que dados los
últimos sucesos, la iniciativa de hace dos años, debe ser “corregida y
aumentada”, y se comprometió a trabajar por ello. En tanto, Purificación
Carpinteyro señaló que “es fundamental que el impacto que tiene esta ley sea
visto por la gente como algo cercano a su vida cotidiana para que a su vez los
partidos políticos vean un verdadero costo político al votar en favor o en
contra de ella”. Es claro, los legisladores tienen que hacer su parte, pero los
ciudadanos debemos exigir a nuestros representantes acordar una ley que
favorezca a la mayoría de los mexicanos y que sea armónica con la regulación
que –en la materia– hoy existe en los países que en el mundo cuentan con
regímenes democráticos que funcionan bien. Una vez más, no habrá Ley Federal de
Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales sin nuestra participación... Una
vez más..., vamos por la ley...
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