Imposición urbana

 Ulises Darío Serdán López

Afinales del año pasado noté con cierta indiferencia que un par de negocios que se ubicaban en la esquina de la Recta a Cholula y la calle Jalpan, en la colonia La Paz, habían dejado de funcionar. Días después observé que esa esquina ya estaba cercada con láminas, y semanas más tarde vi en las puertas y ventanas de las casas y de los negocios aledaños unos cartelones amarillos con la imagen de una calavera y la frase “No a la gasolinera”. Hace unos días pasé nuevamente por esa esquina vi que la gasolinera está casi lista, tiene ya las típicas franjas verdes y los logos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya colocados, y aún los carteles siguen pegados después de varias semanas.

Esta situación que observé en la colonia La Paz, me trasladó inevitablemente a un episodio similar que vivimos hace 10 años las personas de las distintas colonias cercanas a la gasolinera que se estableció en la lateral de la Recta a Cholula, justo al lado del puente de Momoxpan, en donde los vecinos se manifestaron en contra, argumentando que a futuro se ocasionarían problemas respecto al congestionamiento vial y al peligro que podría representar para los habitantes del lugar cualquier accidente relacionado con el combustible. Las voces en contra fueron ignoradas y meses después, la gasolinera comenzó operaciones como si nadie hubiera dicho nada, y así seguramente sucederá en la colonia La Paz.

Es un hecho que la autoridad local es quien proporciona los permisos a las constructoras para llevar a cabo sus proyectos, y que se deberán aprobar o rechazar –idealmente– con base en una evaluación de viabilidad, sin embargo, en muchas ocasiones sólo es viable en términos económicos, pero no en términos sociales. Tal es el caso de la construcción de la Torre Céfiro, en la Ciudad de México, que de acuerdo con la Mesa de Análisis de la Primera Emisión de Noticias MVS, se han señalado deficiencias por distintos organismos y por los colonos de la zona y la obra sigue en marcha.

Este proyecto inmobiliario se convirtió a partir de este lunes en foco de atención mediática por las conversaciones publicadas por el diario Reforma, entre Mauricio Toledo, jefe delegacional de Coyocán y Rodolfo Reus, abogado de Inmobiliaria EGZN Arquitectura, en donde se hacían evidentes los supuestos chantajes y extorciones en que incurrió Toledo para no clausurar la obra y quien argumentó en una entrevista concedida a Carmen Aristegui que le habían hackeado su Blackberry.

Cierta o falsa la versión del hackeo, queda la duda sobre los proyectos urbanos: ¿la voz de los ciudadanos es liviana ante los gobiernos para no considerarla? Me quedo con los hechos en Puebla: una casona colonial semidestruida, un teleférico en proceso, cambio significativo de rutas de transporte público por una RUTA...