Vayamos defendiendo nuestras instituciones...

Rafael G. Hernández García Cano

En los últimos días hemos sido testigos de duros cuestionamientos tanto al Instituto Federal Electoral (IFE) como al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). El primero es un organismo público constitucionalmente autónomo. El segundo, un organismo público descentralizado, que muy probablemente también adoptará la figura de organismo público autónomo. Pero independientemente de lo anterior, la creación de este tipo de instituciones en México como en otras latitudes parece ser que obedece al enorme desencanto provocado por clases políticas corruptas e ineficientes que han convertido la política en una actividad no para defender los intereses legítimos de la sociedad sino para perseguir el beneficio propio.

Sabemos que los cambios en el mundo –particularmente la caída del muro de Berlín, el derrumbe del bloque socialista y hoy la llamada primavera árabe– impulsaron y están impulsando de manera definitiva, la idea de la sociedad civil empoderada como el actor opositor de los estados autoritarios, encargada de vigilar la transparencia y la claridad en los procesos políticos, que necesariamente son procesos públicos. En otras palabras, la democracia se ha ido definiendo como la transparencia de lo público. La transparencia de aquello en que estamos involucrados pues nos pertenece a todos. Por eso han proliferado organismos de estado ciudadanizados, como un elemento más a fin de asegurar sistemas de contrapeso para los poderes públicos constituidos

Desgraciadamente en nuestro país, empieza a crecer cada vez más, una crisis de credibilidad institucional que hoy también alcanza a los organismos públicos autónomos (como el IFE), o en vías de serlo (como el IFAI), y esto en buena medida es responsabilidad de los partidos políticos que pasando por alto el espíritu del artículo 41 de nuestra norma fundamental, se olvidan de que son “entidades de interés público que …tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público…” y en vez de ello, no conformes con sus ya amplias cuotas de poder, tratan de expandirlas secuestrando a los organismos ciudadanos autónomos. En efecto, los partidos políticos –y no sólo en nuestro país– se han apropiado del espacio público, del espacio de decisión sobre aquello que nos afecta a todos, y esta tendencia va a la alza. Como ya lo he afirmado en otras ocasiones, pareciera que el terreno de lo público es un espacio en potestad de unos cuantos “notables”, que la mayoría de las veces resultan notables por su indiferencia hacia quienes tendrían que servir.

Académicos y expertos han señalado que el problema de los órganos autónomos, comienza –independientemente del margen que les proporciona la normatividad al respecto– con la manera de nombrar a los que serán sus integrantes. Desgraciadamente, las cuotas partidistas se interponen y se termina negociando las plazas de consejeros o comisionados, lo que finalmente obstaculiza que auténticos  ciudadanos puedan desempeñar los cargos que poco a poco la sociedad civil ha ido ganado con base en mucho esfuerzo.

Por ello es necesario defender el espacio ciudadano que representan los órganos autónomos. Pero la defensa no puede venir del interior de la propia clase política que los ha corrompido, sino de la participación y acción ciudadana. Así que si no queremos perder lo que con mucho esfuerzo y sacrificio hemos conquistado…vayamos defendiendo nuestras instituciones…